Como una confirmación de las denuncias que sostuvo desde un principio calificó el diputado Daniel Manouchehri (PS) la reciente detención y formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El parlamentario recordó que, junto a la diputada Daniella Cicardini, fueron blanco de duras críticas cuando apuntaron a la existencia de irregularidades en el máximo tribunal.
La tesis del “Tarifario”
El legislador socialista subrayó que los hechos actuales validan la tesis que ambos parlamentarios presentaron meses atrás: la existencia de una red de corrupción dentro del Poder Judicial.
“Cuando junto a la diputada Cicardini denunciamos que en el Poder Judicial había un ‘tarifario’ y apuntamos a Ángela Vivanco, fuimos muy criticados. El tiempo nos ha dado la razón”, sentenció Manouchehri.
La denuncia del “tarifario” hacía alusión a presuntas gestiones e influencias que habrían condicionado fallos judiciales, un tema que escaló hasta convertirse en una de las crisis institucionales más graves de la justicia chilena en las últimas décadas.
Una señal contra la impunidad
Para Manouchehri, las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y el avance del proceso penal representan un hito necesario para recuperar la confianza de la ciudadanía. El diputado fue enfático en señalar que el desenlace de esta formalización debe marcar un precedente:
- Igualdad ante la ley: “La detención, formalización y eventual prisión preventiva de Ángela Vivanco serán una señal clara de que en Chile nadie puede estar por sobre la ley”.
- Ética judicial: El parlamentario recalcó que el sistema debe depurarse para garantizar que “la justicia esté del lado de la gente honesta”.
Contexto de la formalización
La exmagistrada enfrenta cargos por delitos que han puesto en jaque la probidad administrativa del Poder Judicial, vinculados a las revelaciones del denominado “Caso Audios” y otras aristas de tráfico de influencias.
El diputado concluyó reafirmando su compromiso con la fiscalización de estas redes, asegurando que continuarán impulsando las acciones necesarias en el Congreso para evitar que este tipo de “tarifarios” vuelvan a operar en las instituciones del Estado.
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