Este miércoles 28 de mayo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a la
ministra de Salud, Ximena Aguilera, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; y el titular de Justicia y
Derechos Humanos, Jaime Gajardo, anunciaron el ingreso del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo con plazos al Congreso.
La iniciativa fue comprometida por el Presidente de la República, Gabriel Boric, en la Cuenta Pública 2024,
junto con anunciar la modificación del reglamento para mejorar la implementación de la Ley de
Interrupción del Embarazo (IVE) en 3 causales. La Contraloría General de la República tomó razón de estas
modificaciones el pasado 23 de mayo, lo que permitirá fortalecer el acceso de las mujeres y las niñas que
lo requieren a este derecho ya consagrado en la Ley.
Habiendo cumplido este compromiso, las autoridades de Gobierno anunciaron el ingreso del proyecto de
ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y establece
mecanismos en el sistema de salud para ello. La iniciativa mantiene las normas de objeción de conciencia
establecidas en la ley chilena, tanto personal como institucional; busca garantizar el acceso a la prestación
en el plazo más breve posible, así como el acceso a la información.
“A quienes nos escuchan, en especial a quienes han abortado -que sabemos por estadísticas que son miles
en nuestro país- queremos que sepan que el Gobierno de Chile considera que no deben seguir siendo
tratadas como criminales y que no deben seguir siendo perseguidas penalmente,sino que por el contrario
debemos abrir la salud pública para esto. Los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no
todos caben en las tres causales; ninguna mujer se embaraza para abortar. Queremos abrir un debate
respetuoso, con base en evidencia, donde todas las posiciones, según en lo que se basen, tengan un
espacio, pero donde no sigamos vetando un tema que sabemos sigue ocurriendo”, expresó la ministra
Antonia Orellana, quien además señaló que “A 35 años de que se ilegalizara vía decreto antidemocrático,
hoy abrimos la discusión en el Congreso”.
“Nosotros tenemos razones sanitarias como para empujar esta política”, señaló por su parte la ministra
de Salud, Ximena Aguilera, quien explicó que “si bien hemos avanzado mucho en temas de regulación de
la natalidad, siempre siguen ocurriendo abortos y el que sea en clandestinidad produce riesgos para la
salud de las mujeres, riesgos que finalmente se traducen en hospitalizaciones que son aproximadamente
más de 20.000 al año, y cerca de 260.000 en un acumulado de más de 10 años, aproximadamente.
También se producen muertes que, si bien afortunadamente no es la situación que ocurría 60, 70 años
atrás, donde era una causa muy importante de muerte, siguen ocurriendo fallecimientos, alrededor de
cuatro por año y son situaciones que nosotros no podemos dejar de ver”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, señaló que “actualmente las mujeres que
cometen aborto se encuentran criminalizadas o penadas en nuestro sistema u ordenamiento jurídico. Y
eso es precisamente lo que con este proyecto se quiere terminar, es decir, que las mujeres que hasta un
cierto plazo realicen un aborto por distintas razones, no se vean expuestas a ser perseguidas penalmente”.
Según una investigación de la Corporación Miles, entre 2012 y 2022 se abrieron 444 investigaciones por
el delito de aborto, incluso, cuando en el 10% de los casos se trataba abortos espontáneos acreditados.
Finalmente, sobre este importante anuncio, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Camila Sabando
Vega, expresó que “Recientemente, en la ciudad de La Serena, la PDI arrestó a un narcotraficante e
incautó 840 dosis de un conocido fármaco utilizado para interrumpir embarazos, lo que evidencia que la
falta de regulación del aborto favorece mecanismos clandestinos que ponen en riesgo la salud y la vida
de las mujeres. Por ello, desde el gobierno del presidente Gabriel Boric se impulsa este proyecto de ley,
con el objetivo de abordar esta realidad y abrir un debate democrático necesario en el país.”
Avances del Gobierno en derechossexuales y reproductivos:
En octubre de 2022, a través del Minsal, se ingresaron las agresiones sexuales agudas al sistema de
Garantías Explícitas de Salud (GES). Desde entonces, se han atendido 4.590 personas, de las cuales 4.018
corresponden a mujeres y 1.958 a personas menores de 19 años.
Asimismo, se redujo el precio de seis anticonceptivos de uso frecuente entre las mujeres, por medio del
Ministerio de Salud y con la colaboración de la Central de Abastecimiento CENABAST, y se implementó,
junto al Instituto de Salud Pública, una nueva medida que instruye el retiro de anticonceptivos
defectuosos en un máximo de cinco días, además de la obligación de emitir un mensaje de advertencia a
las consumidoras, acciones que previamente no ocurrían, afectando a cientos de mujeres.
Además, este año el Ministerio de Salud incorporó nuevas coberturas de Fonasa con foco en la salud
sexual y reproductiva, entre ellas, la del examen de la hormona antimulleriana (AMH), una herramienta
esencial para evaluar la reserva ovárica, crucial para las mujeres que planifican su maternidad. Asimismo,
en el marco de la actualización en el arancel de la Modalidad de Libre Elección, se amplió la cobertura a
tratamientos para la endometriosis y dispositivos anticonceptivos hormonales de larga duración.
En enero de 2023, el MinMujer y el Minsal presentaron un Manual de Fiscalización de la ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde entonces se han realizado cerca de 130 fiscalizaciones
en todas las regiones del país.
Es importante señalar que durante los 7 años de vigencia de la Ley IVE en 3 causales, se han constituido
6.249 casos de mujeres y niñas que han llegado a un centro de salud en una de las tres causales. El 85%
de ellas ha decidido interrumpir su embarazo y el 15% continuarlo. La edad donde se constituyen más
casos por ley IVE en la causal de violación son los 13 años. Es importante recordar que en estos casos, los
establecimientos de Salud están obligados a denunciar el delito de violación.
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