Elsa Parra Quezada fue una de las sostenedoras más influyentes en la educación privada chilena. Junto a su esposo, Rodrigo García, llegó a administrar 17 colegios con más de 4.700 estudiantes y 500 trabajadores. Sin embargo, su trayectoria dio un giro abrupto tras denuncias de irregularidades y conflictos internos que terminaron desmantelando su red educativa.
Parra denunció haber sido víctima de una estafa por parte de una ex socia, en medio de las modificaciones que exigió la Ley 20.845 de Inclusión Escolar, promulgada en 2015. Esta normativa prohibió el lucro en establecimientos que reciben aportes del Estado y eliminó el financiamiento compartido. En su intento por eludir la ley, Parra terminó siendo engañada, lo que marcó el inicio de una serie de problemas.
Uno de los casos más complejos se vive en el establecimiento Christ School, ubicado en Las Compañías, La Serena, que alberga a más de 1.600 estudiantes. El colegio perdió su Reconocimiento Oficial, lo que le impide matricular alumnos para el año 2026. Ante la insólita imposibilidad de recibir el arriendo de su propio inmueble, Parra decidió interponer una orden de desalojo, dejando a la comunidad educativa en una prolongada incertidumbre sobre su continuidad.
El abogado Isidro Solís —ex ministro y defensor de la destituida gobernadora Krist Naranjo— lidera las gestiones legales para ejecutar el desalojo. Paralelamente, diversos actores han presentado recursos de protección para frenar la medida y resguardar las trayectorias educativas de los estudiantes.
En las últimas semanas, Elsa Parra ha insistido en obtener una excepción a la ley que le permita arrendar su propio inmueble y continuar con el proyecto educativo. Esto, ha traído manifestaciones y movilizaciones de la comunidad educativa, que siempre recibió una luz de esperanza por la dueña del establecimiento.
Sin embargo, este intento, según fuentes internas del colegio revela una tensión ética que no puede ignorarse, que es básicamente; torcer la ley para sostener un negocio disfrazado de proyecto educativo no solo vulnera la normativa, sino que erosiona la confianza en quienes deberían velar por el aprendizaje.
“La educación no puede ser rehén de intereses particulares; cuando se antepone el lucro a la ética, se traiciona el verdadero sentido de formar personas”, señaló alguien ligado al Colegio.
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