La Sala del Senado aprobó este lunes la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, destituyéndolo de su cargo por notable abandono de deberes. Se trata del tercer alto magistrado removido a raíz de acusaciones impulsadas por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, en el marco de la ofensiva de la dupla contra la corrupción en el Poder Judicial, destapada por las múltiples aristas del Caso Hermosilla.
La destitución de Simpertigue se suma a las de la exministra de la Suprema Ángela Vivanco y al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.
La acusación, aprobada previamente por unanimidad en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, expuso los graves vínculos de Simpertigue con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, hoy en prisión preventiva por presunto cohecho, incluyendo viajes en crucero realizados pocos días después de fallos favorables a causas en que ellos participaban, además de conflictos de interés asociados a la denominada “trama Bielorrusa” y a gestiones vinculadas a su entorno familiar.
“Hemos aprobado la acusación contra el juez Simpertigue. Es el tercer juez vinculado a redes de corrupción que deja su cargo gracias a acusaciones que hemos impulsado. Chile pide algo claro, una justicia para la gente honesta, independiente y libre de influencias de redes de corrupción”, señaló el diputado Daniel Manouchehri.
“Hacemos un reconocimiento especial a la prensa valiente que ayudó a destapar la verdad. Nadie puede estar sobre la ley”, agregó.
Por su parte, la diputada y senadora electa Daniella Cicardini destacó que “el Senado aprobó la acusación constitucional, y con el ministro Simpertigue ya son tres los jueces destituidos, ligados a redes de corrupción, que le han hecho un daño enorme a la justicia chilena”.
“Vamos a seguir denunciando y empujando una limpieza profunda del Poder Judicial, porque la democracia se defiende con valentía y coraje”, indicó.
A consecuencia de la deliberación del Senado, Diego Simpertigue queda destituido del Poder Judicial e inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años. Esto, mientras continúan las indagaciones judiciales en lo relativo al denominado Caso Hermosilla.
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