En Chile, muchas veces las denuncias terminan en nada. Se anuncian investigaciones que no avanzan y responsabilidades que se diluyen. Por eso, lo ocurrido a partir del Caso Hermosilla y la trama conocida como la “Muñeca Bielorrusa” marcó una diferencia. Esta vez, hubo resultados.
Gracias a denuncias formales, querellas y la entrega de antecedentes realizadas por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, se abrieron investigaciones judiciales que permitieron destapar redes de corrupción, tráfico de influencias y vínculos impropios al interior del Poder Judicial.
Manouchehri ha reconocido públicamente el rol del periodismo de investigación en este proceso, destacando el trabajo de medios como CIPER, BioBioChile y Reportea, cuyos reportajes fueron clave para sacar a la luz antecedentes que luego derivaron en acciones concretas.
Las investigaciones no quedaron archivadas. A partir de acusaciones constitucionales presentadas por Manouchehri y Cicardini, el Congreso aprobó la destitución de jueces y ministros involucrados en estas tramas, entre ellos Ángela Vivanco, Diego Simpertigue y Antonio Ulloa. Jueces que hoy no están impartiendo justicia.
Esto, a pesar de las presiones, amenazas y campañas de desprestigio. Se avanzó incluso sabiendo que la investigación podía afectar a personas de distintos sectores políticos, incluida la propia vereda.
La acción de los parlamentarios dejó en claro un precedente en el combate a la corrupción, caiga quien caiga. Denunciar puede tener consecuencias, cuando hay valentía para actuar y consecuencia para sostener las acciones.
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