Lograr agilizar los procesos de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos y disponer de más funcionarios y funcionarias para poder hacer efectivos los pagos, son parte de los objetivos que cumplirá el gobierno con la inyección de 11.606 millones de pesos solicitados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio de Justicia en el Presupuesto 2024, recursos que se destinarán a los Tribunales de Justicia y otras instituciones relacionadas con la implementación de la ley.
Los recursos servirán para mejorar el financiamiento y la cobertura del Programa Curadurías de las Corporaciones de Asistencia Judicial, que posibilita la representación en causas judiciales de niños, niñas y adolescentes ante los
tribunales de justicia y provee la debida defensa en juicios donde existe vulneración de derechos y de violencia intrafamiliar, permitiendo la incorporación de 165 profesionales adicionales, quienes podrán defender los intereses de los menores. En el caso de los Tribunales de Familia habrá 193 nuevos funcionarios para acelerar los trámites que miles de madres y mujeres realizan en la actualidad en los casos de demandas por pensión de alimentos.
Al respecto, la ministra Antonia Orellana señaló que “La implementación de la ley ha presentado algunas dificultades, que tienen que ver con el nivel de sobrecarga de los Tribunales de Familia. Es por eso que, por segundo año consecutivo, estamos entregando recursos que fueron solicitados por el Ministerio de la Mujer
para otras instituciones como el Poder Judicial, para aumentar la dotación de los Tribunales de Familia para que haya más funcionarios para que los trámites sean más rápidos”.
Según las cifras del Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, a un año de implementación de la ley hay más de 166 mil personas que deben pensiones, en que el 97% son hombres. En total y solo contabilizando la deuda monetaria en pesos, la cifra supera los 95 mil millones en deuda.
En la región de Coquimbo el monto adeudado supera los 5.461 millones de pesos, que no han llegado a más de 11 mil niños, niñas y adolescentes que requieren de estos recursos esenciales para su desarrollo y que en su amplia mayoría deben ser las mujeres las que se hacen cargo de cubrir estas deudas, para poder asegurar la vida de sus hijos e hijas.
Por su parte, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, María Fernanda Glaser indicó que “esta inyección de recursos es absolutamente fundamental para que podamos asegurar la pensión de alimentos a niños, niñas y adolescentes. Por cada 10 deudores que van ingresando al registro hay 2,5 que pagan, por lo tanto, no es suficiente, con estos recursos vamos a asegurarnos de que la ley de responsabilidad parental cumpla con el pago efectivo de pensiones de alimentos”.
En esta línea, cabe destacar que hasta antes de entrada en vigor de la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, casi no existía cancelación de la deuda. Sin embargo, desde mayo esa cifra empezó a incrementarse. En la región de Coquimbo a un año de la implementación de la ley ya se han pagado $6.000 millones de pesos en deuda, lo que da cuenta de la efectividad de esta ley que tomará más fuerza y celeridad con la inyección de recursos destinados a su implementación, recién anunciado por el gobierno del
presidente Boric.