El Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo acogió parcialmente la demanda presentada por la familia de un estudiante y rechazó íntegramente la acción reconvencional interpuesta por el establecimiento educacional.
La resolución estableció el pago de $3 millones al estudiante y $2 millones a su madre, acogiendo parcialmente la demanda interpuesta por sus padres, quienes habían solicitado una indemnización de $63 millones por los perjuicios que, según expusieron, afectaron al niño y a su familia.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, los padres cuestionaron la oportunidad y suficiencia de las medidas adoptadas por el establecimiento tras los incidentes. También señalaron que la situación tuvo consecuencias emocionales para el estudiante y afectó su continuidad escolar, por lo que recibió atención psicológica.
Por su parte, el colegio rechazó las acusaciones y sostuvo que había activado sus protocolos internos, aplicado medidas disciplinarias y realizado gestiones ante los organismos correspondientes.
En representación de la familia, el abogado Rodrigo Valdivia Briceño sostuvo que el fallo reconoció deficiencias en la respuesta del establecimiento. “El fallo establece que el colegio conocía el perfil de riesgo del agresor, no informó de inmediato a los padres y demoró más de un mes en adoptar medidas de resguardo, hasta que el Juzgado de Familia le recordó que era su obligación”, afirmó.
Además de resolver la demanda principal, el tribunal rechazó íntegramente la demanda reconvencional presentada por el colegio contra los padres y condenó al establecimiento al pago de las costas correspondientes a esa acción.
Para Valdivia, esta parte de la resolución también resulta relevante, pues, a su juicio, la acción del establecimiento buscaba presionar a sus representados.
El caso vuelve a poner en discusión el deber de los establecimientos educacionales de resguardar la seguridad de sus estudiantes y de adoptar medidas oportunas frente a situaciones de violencia escolar.
“Proteger a los niños es una obligación, no una opción para todos los establecimientos de nuestro país”, concluyó el abogado.
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