El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) envió un oficio al Presidente Gabriel Boric en 2022, advirtiendo sobre la imposibilidad de acreditar pensiones de gracia para víctimas de violaciones a los derechos humanos desde octubre de 2019. Esta comunicación se produjo en respuesta a un documento de Contraloría que revelaba deficiencias en los expedientes remitidos por el INDH.
Según el informe de Contraloría, 19 expedientes carecían de antecedentes médicos, mientras que se identificó que 58 beneficiarios de pensiones de gracia tenían antecedentes penales, incluyendo delitos violentos.
El subsecretario del Interior, Mnauel Monsalve, había establecido que uno de los requisitos para otorgar las pensiones era contar con un informe del INDH. Sin embargo, la directora del instituto, Consuelo Contreras, explicó la dificultad de acreditar el padecimiento de las víctimas desde octubre de 2019 debido a limitaciones técnicas y legales.
Contreras señaló que el INDH no dispone de las capacidades técnicas necesarias para acreditar las circunstancias relacionadas con las pensiones de gracia y que la inclusión de nuevas funciones representa un riesgo para su autonomía institucional.
El documento enviado a Boric sugiere la creación de un órgano especializado encargado de la calificación de víctimas, asegurando un proceso transparente y acorde a estándares internacionales.