El Juzgado de Garantía de Vicuña acogió a tramitación la querella criminal presentada por la Ilustre Municipalidad de Vicuña, en el marco de la investigación por posibles irregularidades en la compra de un inmueble municipal efectuada durante la administración anterior, operación en la que se habría detectado un sobreprecio significativo respecto a su tasación comercial.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por las unidades técnicas y jurídicas del municipio, y en cumplimiento de lo instruido por la Contraloría General de la República, se estimó pertinente iniciar acciones judiciales para aclarar el destino de los recursos y determinar las responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse de este proceso.
En su edición del 6 de octubre de 2025, el medio nacional El Mostrador publicó un reportaje que dio a conocer los primeros antecedentes de este caso —denominado por la prensa como “Vicuñagate”— señalando que el inmueble habría sido adquirido con un sobreprecio cercano a los $50 millones respecto de su valor comercial. El reportaje también informó que la Contraloría había emitido observaciones sobre la transacción y solicitado acciones judiciales para esclarecer el uso de fondos públicos.
El alcalde Mario Aros Carvajal valoró la decisión del tribunal y destacó que este paso reafirma el compromiso del municipio con la transparencia y la probidad:
“La admisibilidad de esta querella demuestra que los antecedentes presentados son serios y ameritan ser investigados. Nuestro deber como municipio es cuidar los recursos de todos los vicuñenses y actuar con firmeza frente a cualquier indicio de irregularidad”, señaló la autoridad comunal.
Desde la Municipalidad se reiteró que la actual administración ha impulsado una política activa de probidad y fiscalización interna, revisando procesos y adquisiciones realizadas en años anteriores, con el fin de garantizar un manejo responsable del patrimonio municipal.
Con la admisión de la querella, el caso queda ahora bajo investigación del Ministerio Público, que deberá determinar los pasos a seguir y las eventuales diligencias en el marco del proceso judicial.
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