Una grave denuncia por persecución política y laboral remece al Servicio de Registro Civil e Identificación en la Región de Coquimbo. María Inés Ortiz Cortés, funcionaria con casi dos décadas de trayectoria y dirigente de la asociación ANFURCICH, reveló los detalles de su salida de la institución, la cual se concretó en los meses finales del gobierno de Gabriel Boric, mientras ella enfrentaba una agresiva recidiva de cáncer de ovario con metástasis en el bazo.
Durante sus 18 años de servicio, María Inés se desempeñó como “ejecutiva de atención”, una labor fundamental que implicaba el contacto directo con la ciudadanía en procesos sensibles como rectificaciones administrativas, inscripciones de nacimiento y defunciones, además del trámite de posesiones efectivas y vehículos. Sin embargo, esta trayectoria fue truncada por un proceso administrativo que la afectada califica como una “venganza política” orquestada por la dirección regional de la época.
De acuerdo a los antecedentes de su carta abierta, el proceso administrativo en su contra escaló drásticamente a fines de 2025. El 23 de diciembre de ese año, el Director Nacional del Registro Civil —autoridad designada por la administración de Boric— firmó la resolución que elevaba la sanción propuesta originalmente de suspensión a la destitución definitiva. Esta decisión coincidió con un momento crítico de salud: el 30 de diciembre de 2025, María Inés fue informada de que debía iniciar sesiones de quimioterapia de manera inmediata.
La notificación final de su salida se produjo el 28 de enero de 2026, cuando el servicio rechazó su recurso de reposición y mantuvo la medida de expulsión. Para la exfuncionaria, el hecho de ser despojada de su sustento mientras lucha por su vida representa una contradicción absoluta con el discurso de protección a la mujer que promovía el anterior gobierno, al cual tilda de carente de empatía pese a su autodefinición como feminista.
María Inés sostiene que el sumario administrativo, que la acusaba de presunto acoso y maltrato laboral, estuvo plagado de irregularidades técnicas que no fueron escuchadas por las autoridades. Entre las falencias, destaca que se presentaron testimonios de hechos supuestamente ocurridos en días en que ella se encontraba con permiso administrativo y que se rechazó la revisión de cámaras de seguridad que habrían servido para desmentir los cargos. Asimismo, denuncia que no se respetó su fuero como dirigente gremial ni los plazos legales que impedían este tipo de desvinculaciones tras periodos electorales.
Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Contraloría General de la República. Mientras espera una resolución, María Inés Ortiz Cortés permanece sin ingresos y enfrentando su tratamiento oncológico, con la firme convicción de limpiar su nombre y denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales.
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