Fuente www.elmostrador.cl
La viuda y el hijo de Ronald Ojeda, exteniente venezolano secuestrado y asesinado en Santiago en febrero de 2024, presentarán una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad del Estado de Chile ante los Juzgados de Letras de la Región Metropolitana. La acción será patrocinada por el abogado serenense Rodrigo Valdivia Briceño, quien tomo el caso hace más de un año.
La fecha de la demanda se dará a conocer en los próximos días según pudo constatar Aquí Coquimbo. El argumento central de la demanda se funda en el estatuto de refugiado político que el Estado chileno reconoció a Ronald Ojeda. Según la acción legal, esa condición generaba obligaciones específicas de protección y debida diligencia que, a juicio de la familia, no fueron cumplidas de manera suficiente.
“La responsabilidad del Estado no exige acreditar una acción directa de sus órganos. Basta demostrar falta de servicio, omisión o incumplimiento del deber de protección. En este caso, estimamos que existen antecedentes graves que deben ser conocidos y resueltos por los tribunales“, explicó Valdivia.
Cabe recordar que Ronald Ojeda fue sacado de su departamento, ubicado en Santiago, el 21 de febrero de 2024 por hombres armados que se hicieron pasar por funcionarios policiales. Su cuerpo fue encontrado días después en Maipú, oculto bajo una capa de cemento.
La demanda sostiene que el Estado tenía un deber reforzado de protección respecto de una persona que había recibido refugio político en Chile. Para la familia, el crimen evidencia fallas graves en los mecanismos de prevención, seguridad y resguardo hacia una persona que se encontraba bajo protección oficial.
Segú el abogado Valdivia, “el Estado tenía el deber de protegerlo. Tenía la obligación de garantizar que una persona perseguida políticamente, a quien se le otorgó refugio, estuviera a salvo en territorio chileno. Eso no ocurrió.”
El Gobierno chileno había otorgado a Ojeda residencia definitiva y el compromiso de no devolución como parte de su protección como refugiado. La entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció públicamente que Chile cumplió sus obligaciones legales, aunque admitió que aquello no fue suficiente para evitar el crimen. Para Valdivia, esa declaración no impide que los tribunales revisen si existió responsabilidad civil del Estado por falta de servicio.
La acción busca una indemnización económica para la viuda y el hijo de Ojeda, quienes han enfrentado una situación de extrema vulnerabilidad desde que ocurrió el crimen. Además, pretende que la justicia chilena se pronuncie sobre el alcance del deber estatal de protección hacia las personas en situación de refugio. “Esta demanda no solo busca reparación para una familia: busca que Chile defina judicialmente cuál es el alcance real del deber de protección hacia quienes reciben refugio político”, manifiestó el abogado patrocinante de la causa.
El caso de Ronald Ojeda ha sido descrito como uno de los crímenes con motivación política más graves investigados recientemente en Chile. La Fiscalía chilena ha sostenido que el asesinato fue organizado desde Venezuela y que contó con participación de integrantes del Tren de Aragua. En marzo de 2025, autoridades chilenas entregaron antecedentes del caso ante la Corte Penal Internacional, en el marco de la investigación por crímenes de lesa humanidad vinculados con Venezuela.
La demanda civil patrocinada por Valdivia agrega una nueva dimensión al caso: la exigencia de que el Estado chileno responda ante sus propios tribunales por el eventual incumplimiento de su deber de protección.
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