Siguen surgiendo denuncias de funcionarios del Departamento de Salud Municipal de Punitaqui por presuntas situaciones de acoso laboral al interior de la institución. Uno de estos casos corresponde a Elizabeth Lagos, kinesióloga que en 2023 presentó una demanda laboral de Tutela de Derechos Fundamentales en contra de la Municipalidad de Punitaqui, representada legalmente en ese entonces por el exalcalde Carlos Araya Bugueño.
Según relata Lagos, ingresó a trabajar al Departamento de Salud Municipal en 2019 como kinesióloga del CESFAM de la comuna. En 2021 fue trasladada al Departamento de Salud para desempeñarse como asesora técnica y, posteriormente, fue designada como jefa del Departamento de Salud, cargo que ejerció hasta junio de 2022. De acuerdo con su testimonio, durante ese período comenzaron una serie de situaciones que habrían afectado gravemente su salud mental. Señala que actualmente continúa en tratamiento a través de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), entidad que habría determinado un origen laboral de su afectación.
Entre los hechos que denuncia, Lagos señala que Mauricio Castillo, quien en ese período se desempeñaba como administrador municipal, habría cuestionado públicamente su labor como directora del Departamento de Salud durante sesiones del Concejo Municipal, luego de que ella no accediera a una solicitud relacionada con la asignación de horas presenciales en urgencias para otra funcionaria.
Posteriormente, en junio de 2022, la sacaron del cargo de jefa del Departamento de Salud y fue asignada como directora del CESFAM. Sin embargo, tras regresar de una licencia médica por motivos de salud mental, asegura que se le comunicó el término de dicha función. Al reincorporarse a sus labores como kinesióloga, señala que fue destinada a realizar exámenes preventivos, actividad que según indica no correspondía directamente a sus funciones habituales. Además, afirma que no se le asignaban pacientes, permaneciendo gran parte de su jornada sin desarrollar labores propias de su profesión.
A estas situaciones se sumaría, según su denuncia, la negativa a participar en una capacitación. Lagos solicitó tres días EXTRA PAC para asistir a un Congreso de Atención Primaria, solicitud que inicialmente habría sido tramitada y autorizada. Sin embargo, el entonces jefe del DESAM, Mauricio Castillo, habría rechazado finalmente el permiso argumentando “necesidades de la institución”, sin precisar cuáles eran estas. La funcionaria sostiene que dicha decisión fue injustificada y que se enmarcaría en el contexto de las situaciones de acoso que denuncia.
Según su relato, estos hechos provocaron una nueva afectación a su salud mental, por lo que debió recurrir nuevamente a la ACHS y recibió una licencia médica de cuatro días.
Conflicto por vacaciones
Otro de los episodios incluidos en su relato corresponde a sus vacaciones. Tras reincorporarse el 2 de noviembre, Lagos contaba con 29 días hábiles de feriado acumulado. De acuerdo con lo informado por Recursos Humanos, solicitó mediante correo electrónico sus vacaciones para diciembre y enero, dejando constancia escrita de las fechas y del período que pretendía postergar.
Posteriormente, asegura haber firmado la documentación correspondiente, aunque señala que no recibió copias de los formularios y que el municipio no contaba con un sistema digital para el registro de vacaciones. En enero, la institución le habría informado que no encontraba dichos documentos. Pese a que Lagos señala haber realizado previamente la solicitud por escrito, el 27 de enero se le notificó el inicio de un sumario administrativo por una presunta “inasistencia injustificada”, además de su suspensión de funciones con goce de sueldo.
Lagos sostiene que fue destituida por un error administrativo y no por una falta. Además, los días de “mis vacaciones fueron reconocidos por el tribunal competente y hasta ahora sigo destituida”, explicó. Lo que para ella parece injusto, debido que no hay delito que amerite esa destitución y se sigue transmitiendo que es una inasistencia injustificada.
¿Qué se solicitó en la demanda?
De acuerdo con lo expuesto en la demanda, entre las medidas solicitadas se encontraban disculpas públicas por escrito, la realización de una capacitación para los trabajadores municipales sobre acoso laboral y sus consecuencias, dictada por un profesional especializado, y la publicación de la denuncia en espacios informativos de la Municipalidad y en su sitio web, entre otras medidas.
Según señala Lagos, estas acciones no se habrían concretado.
El caso se suma a otras denuncias que han sido conocidas públicamente respecto de presuntas situaciones de acoso laboral al interior del área de salud municipal de Punitaqui. La reiteración de estos testimonios plantea una interrogante respecto de las medidas adoptadas por las autoridades municipales para prevenir, investigar y abordar eventuales situaciones de acoso laboral dentro de la institución.
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