María José Vega, exfuncionaria del Gobierno Regional de Coquimbo, recurrió a tribunales acusando una vulneración de sus derechos fundamentales tras el término anticipado de su vínculo con la institución. La justicia acogió su demanda y ordenó al GORE pagarle $14.543.040.
Vega ingresó en 2021 al Gobierno Regional para prestar servicios bajo la modalidad de honorarios, cumpliendo funciones de apoyo administrativo para la entonces gobernadora regional, Krist Naranjo. En 2022 pasó a contrata y, tras la suspensión de la exautoridad regional, en julio de 2024 fue trasladada a la División de Fomento e Industria (DIFOI), donde inicialmente se desempeñó de manera transitoria y posteriormente de forma definitiva, realizando labores de apoyo técnico-administrativo.
Su contrata había sido renovada hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el 14 de febrero de ese año, el Gobierno Regional resolvió poner término anticipado a su vínculo laboral.
Tras su desvinculación, Vega acudió a tribunales argumentando que la decisión había sido discriminatoria y que se habían vulnerado sus derechos fundamentales.
En este proceso, su abogado, Rodrigo Valdivia Briceño, destacó el fallo y aseguró que este se suma a otros pronunciamientos judiciales relacionados con desvinculaciones en los nuevos gobiernos regionales.
“La sentencia, como otras contra los nuevos Gobiernos Regionales, confirma lo que siempre sostuvimos: que en el caso de María José no fue desvinculada por su desempeño, que era intachable, sino por haber sido contratada por la administración anterior, doña Kris Naranjo. Eso es discriminación política, y la ley lo prohíbe”, sostuvo Valdivia.
El abogado también cuestionó el uso de los cargos públicos como espacios sujetos a cambios políticos tras la llegada de una nueva administración.
“Siempre hay que tener en cuenta y presente que los cargos públicos no son botín político, lo que lamentablemente incurrió el nuevo Gobernador”, señaló.
Valdivia además apuntó a los trabajadores que, ante un cambio de autoridad, puedan sentir temor por la continuidad de sus puestos.
“Esta sentencia es un precedente importante para todos los funcionarios que hoy temen perder su trabajo cada vez que cambia la autoridad, debido a no ser de la línea política de ellos”, afirmó.
Según explicó el abogado, uno de los elementos considerados en el caso fue la posterior contratación de otra persona para realizar funciones similares a las que desempeñaba su representada.
“Sin ir más lejos, el Gobierno Regional habló de reestructuración, pero pocos meses después contrató a otra persona para hacer exactamente las mismas funciones, pero, a diferencia de mi representada, de su confianza”, señaló.
Finalmente, Valdivia sostuvo que existía un elemento común entre las desvinculaciones que, según su planteamiento, se produjeron durante ese período.
“Por último, hago presente que todas las desvinculaciones, al tiempo de mi representada, tenían algo en común: eran exfuncionarias de la exgobernadora, con excelentes calificaciones funcionarias, y su exclusión, según la sentencia, configuró una decisión arbitraria y carente de objetividad, por lo que condenan a pagarle $14.543.040”, concluyó.
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