“Las mujeres siempre partimos desde el punto que nos dejaron las anteriores. Y si nuestras
abuelas pudieron ser de las primeras en ingresar al trabajo remunerado formal, si las mujeres
recuperaron la democracia, si pudimos tener las primeras leyes de violencia intrafamiliar,
femicidio y la creación del Ministerio de la Mujer, hoy también hemos dado un nuevo paso para
las próximas generaciones, para poder tener una Ley Integral en contra de la violencia”, señaló
la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, luego de aprobarse esta
iniciativa que llevaba cerca de siete años de tramitación y a la cual el Gobierno puso prioridad
legislativa e introdujo diversas actualizaciones.
Junto con reconocer a la sociedad civil, “que mantuvo vivo este proyecto durante siete años”, la
ministra agradeció la votación transversal que tuvo la ley en la Cámara y el Senado. “Eso nos
muestra que la violencia contra las mujeres es una prioridad que debe ser de Estado y que no
está circunscrita tan solo a un sector, sino que podemos enfrentarla a través de acuerdos
amplios”. En este sentido, valoró el trabajo transversal de las diputadas y senadoras e hizo
mención especial a las parlamentarias de Demócratas, Renovación Nacional y de la UDI, “que nos
acompañaron en este trámite y que vieron lo importante que es esto para la mayoría de las
mujeres y también del país y que estuvieron dispuestas a encontrar acuerdos”.
Se trata de un marco normativo para abordar la prevención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres en razón de su género, que establece las bases y lineamientos para su abordaje,
y los deberes de los distintos órganos del Estado en esta materia, acorde a los compromisos
emanados de la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional suscrito y ratificado por
Chile desde 1996.
Para la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, María Fernanda Glaser, “esto viene a elevar el
estándar con el que hemos respondido como Estado a la violencia estructural que viven las
mujeres y las niñas de nuestro país. Para la Región de Coquimbo esto significa un tremendo
avance para garantiza derechos, la debida diligencia y mejores mecanismos legales, por lo que
las denuncias llegarán a mejor puerto. Es el resultado del trabajo del Gobierno y del Ministerio,
para asegurar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia”.
Entre muchos otros aspectos, una vez promulgada, la ley permitirá mejorar la fiscalización de las
medidas cautelares y establecer un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su
cumplimiento y pertinencia. Además, amplía las medidas cautelares a delitos y agresiones que
ocurran fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia. Hasta ahora, solo se pueden
decretar medidas cautelares inmediatas en los casos de violencia intrafamiliar.
Asimismo, la ley fortalecerá el rol de representación jurídica del SernamEG en casos de femicidios
o suicidios femicidas para llegar antes y más rápido; garantiza la asistencia y representación
judicial gratuita a las víctimas de violencia de género; incorporará a los niños y niñas como
víctimas de la violencia que viven sus madres o cuidadoras y no solo como testigos, y permitirá
contar con un sistema de gestión integral de casos, para que todos los organismos que trabajan en
la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, cuenten con la misma
información y puedan intervenir y articularse eficientemente, evitando -además- la
revictimización.
Esta ley define el concepto de violencia de género y sus distintas expresiones, como, por ejemplo,
física, psicológica, sexual, económica, gineco-obstétrica, entre otras. Desde un enfoque
preventivo, el objetivo es propiciar la elaboración e implementación de planes, programas y
protocolos para su prevención.
Algo fundamental es que esta iniciativa -ingresada por la primera ministra de la Mujer de Chile,
Claudia Pascual- establece los deberes de los órganos del Estado en materia de prevención,
investigación protección, sanción y reparación de violencia contra las mujeres, y les mandata a
actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de
violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas, y exhaustivas
para garantizar el acceso a la justicia, y así evitar el archivo de casos.
Otro cambio fundamental es que dispone que no se podrá aplicar la atenuante de haber actuado
por arrebato o una ofuscación tenaz.
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