Funcionarios del Departamento de Salud Municipal de Punitaqui denuncian haber sido víctimas de reiteradas situaciones de presunto acoso laboral por parte de la jefatura de la unidad. De acuerdo con antecedentes recopilados por este medio y testimonios cuya identidad será resguardada para proteger su seguridad y debido a la existencia de acciones judiciales en curso, los episodios de malos tratos se habrían registrado desde 2023 y, según las fuentes, se habrían intensificado durante 2025, incluyendo presuntas amenazas.
Según la información obtenida, los funcionarios afirman haber informado de estas situaciones al alcalde de Punitaqui, Pedro Araya, mediante correos electrónicos y presentaciones formales, solicitando la adopción de medidas de protección y la instrucción de investigaciones administrativas. Sin embargo, aseguran que, hasta la fecha, no se habrían implementado acciones concretas para resguardar la integridad de los trabajadores.
Las acusaciones
Las denuncias apuntan principalmente contra el jefe del Departamento de Salud Municipal, Mauricio Castillo Espinosa. Entre los antecedentes recopilados anteriormente por La Región Estrella figura una carta enviada por la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal (AFUSAM) al alcalde a comienzos de 2025, documento en el que la organización manifiesta su preocupación por situaciones que, a su juicio, podrían constituir acoso laboral y actos de persecución hacia funcionarios de la salud.
En el escrito, la asociación expone diversos episodios que habrían generado un clima laboral complejo al interior del departamento. Asimismo, se hace referencia al caso de una exdirectora del CESFAM, quien, según la carta, habría sido objeto de un trato intimidatorio por parte de Mauricio Castillo Espinosa, quien presuntamente le habría señalado que “no servía para ese cargo” y que debía renunciar.
El documento comienza expresando:
“Queremos plantear nuestro total rechazo a los hechos y acontecimientos que están viviendo y fueron planteados por nuestros compañeros en reunión mensual de AFUSAM Punitaqui desarrollada el día 15 de noviembre de 2024, donde se acusa al jefe del Departamento de Salud de Punitaqui, Sr. Mauricio Castillo Espinosa, por la forma de tratar a los funcionarios”.
Antecedentes del jefe del Departamento de Salud
Mauricio Castillo Espinosa es ingeniero comercial y contador auditor. Llegó a desempeñarse en la Municipalidad de Punitaqui durante el segundo período del exalcalde Carlos Araya Bugueño, primero como administrador municipal y posteriormente como jefe del Departamento de Salud.
Asimismo, este medio constató a través de noticias difundidas en internet, que en 2014 fue desvinculado del Servicio de Salud Chiloé.
Ese mismo año, la directiva comunal del Partido por la Democracia (PPD) de Ancud emitió una declaración pública denunciando una supuesta persecución política en contra de Castillo Espinosa, quien entonces ejercía como jefe de Administración Interna del Servicio de Salud Chiloé.
En dicha declaración, el partido sostuvo que se habían instruido cinco sumarios administrativos que calificó como “infundados” y denunció que también se le habría privado del pago de una asignación de función crítica. Estos antecedentes corresponden a la postura expresada por el PPD en esa oportunidad.
Funcionarios acusan falta de respuestas
De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, el alcalde Pedro Araya habría sido informado en distintas oportunidades sobre denuncias de presuntos malos tratos mediante reuniones, correos electrónicos y otras comunicaciones formales.
Las mismas fuentes sostienen que también solicitaron la instrucción de sumarios administrativos y la adopción de medidas de resguardo para los funcionarios afectados. Sin embargo, aseguran que dichas acciones no se habrían concretado oportunamente.
En paralelo, afirman haber solicitado de manera reiterada la instalación de cámaras de vigilancia en dependencias del Departamento de Salud Municipal, medida contemplada en la Ley N.º 21.188, conocida como “Consultorio Seguro”, cuyo objetivo es fortalecer la protección del personal de salud mediante sistemas de seguridad, controles de acceso y sanciones más severas frente a agresiones.
Según explican, la instalación de cámaras no solo contribuiría a prevenir hechos de violencia, sino también a contar con registros objetivos ante eventuales incidentes. Agregan que durante 2024 se registraron robos en recintos de salud municipal, por lo que consideran que esta medida también facilitaría el esclarecimiento de esos hechos.
Los hechos escalaron el miércoles 22 de julio de 2026, cuando, durante su jornada laboral, un funcionario municipal constató que terceros habían untado y esparcido deliberadamente material fecal, aparentemente de origen humano, en el compartimiento de la manilla de la puerta del conductor de su vehículo. Según antecedentes contenidos en la causa pública RIT T-4-2026, los denunciados por este hecho son el jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de Punitaqui y su secretaria, de acuerdo con una revisión preliminar de registros obtenidos desde las cámaras de seguridad de un establecimiento privado ubicado frente al lugar donde ocurrió el hecho.
De acuerdo con un decreto alcaldicio fechado el 21 de noviembre de 2025, se ordenó instruir un sumario administrativo y se designó como fiscal a Bernardita Valenzuela. Consultada por este medio respecto de las acciones adoptadas o que podrían adoptarse frente a las denuncias de acoso, Valenzuela respondió: “Por disposición legal y en atención a que se trata de una investigación sumaria en curso, debo mantener reserva respecto de las actuaciones y antecedentes vinculados al caso”.
Por su parte, la Municipalidad señaló: “Como municipio, estamos al tanto de la situación denunciada y de los antecedentes relacionados con este caso. En el ámbito interno, se ha instruido el respectivo procedimiento administrativo, el que se encuentra sujeto a los plazos y etapas definidos por la ley”.
Asimismo, agregó que “nuestra prioridad es resguardar el bienestar, la integridad y la seguridad de nuestros funcionarios y funcionarias. Como municipio, no avalamos ningún tipo de conducta que pueda afectar su dignidad o generar situaciones de hostigamiento, acoso o violencia”.
No obstante, las fuentes consultadas sostienen que esa postura contrasta con las múltiples gestiones que, según afirman, realizaron durante los últimos meses para denunciar la situación, incluyendo correos electrónicos, recursos de protección, tutelas laborales y otras presentaciones formales, sin haber obtenido respuesta del alcalde.
Este medio también consultó a la Municipalidad específicamente sobre las acusaciones de falta de respuesta hacia los funcionarios afectados. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se había recibido una respuesta a esa consulta.
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