Durante el 2024 se realizaron distintas ayudas sociales como materiales de construcción, cajas de alimentos, medicamentos, servicios funerarios y temas relacionados a educación por parte del municipio si estar respaldados legalmente. Algunas entregas se hicieron sin informes sociales, tampoco con firmas de responsables y a personas que no cumplían los requisitos.
El 16 de abril la Contraloría General de la República comunicó los resultados de una investigación relacionada a entregas sociales por parte de la municipalidad de Punitaqui durante el 2024, en la cual encontró distintas deficiencias, solicitando al municipio que se realice un proceso disciplinario en contra de los responsables
Los dardos de la faltas apuntaría al ex encargado de la Dirección de Desarrollo comunitario, ex encargado del departamento social y a la entonces administradora municipal.
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El informe de contraloría da cuenta que se entregaron ayudas sociales sin su respectivo informe avalado por un profesional, “Respecto de las ayudas sociales entregadas por el municipio entre marzo y agosto de 2024, se constató que 99 expedientes de beneficiarios por ayuda social, no contaban con un informe socioeconómico firmado por un profesional del área social que sustentara dichas entregas”.
Por otra parte, el ente fiscalizador constató que se hicieron formularios de entrega de ayuda social sin contar con la autorización del profesional competente.
“Sobre la materia, examinados los antecedentes que respaldan las entregas sociales a personas beneficiarias de la comuna de Punitaqui, se constató que 132 informes sociales no contaban con la firma del encargado del Departamento Social. En tanto, 95 formularios no se encontraban firmados por el asistente social y el encargado de esa unidad”, señala el informe de Contraloría.
Otro punto grave de la fiscalización, radica en que se entregaron ayudas a personas con una calificación socioeconómica superior al 40% en el Registro Social de Hogares sin informe socioeconómico, “se comprobó de la revisión de los expedientes sobre ayuda social, que un total de 6 casos de beneficiarios por asistencia social, presentan calificaciones socioeconómicas en el tramo superior al 40%, no advirtiéndose los informes socioeconómicos que justifiquen dichas entregas”.
También se encontraron otras faltas. El informe concluye que el, “municipio deberá instruir un procedimiento disciplinario que permita determinar las responsabilidades administrativas asociadas sobre la materia y remitir el acto administrativo que lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio”.
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