El Gobierno de Javier Milei en Argentina ha denunciado a 14 organizaciones sociales por supuestas prácticas de “extorsión” y “defraudación” al Estado en la administración de planes de asistencia estatal. Tras una protesta que congregó a alrededor de 3,000 personas en Buenos Aires en rechazo a las políticas de ajuste del nuevo gobierno, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció la demanda. El Gobierno exige que las agrupaciones paguen alrededor de 75,000 dólares, costos asociados al operativo de seguridad durante la manifestación.
Así lo dio a conocer el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dos días después de la protesta en la cual unas 3.000 personas marcharon por el centro de Buenos Aires para mostrar su rechazo a las políticas de ajuste y recorte del gasto público del Gobierno de Milei.
“Esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales. Vamos a intimarlas para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía”, anunció Adorni.
Ante la posibilidad de un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato peronista en Argentina, el portavoz de la Presidencia destacó que el Gobierno no considera este evento como un hecho seguro. Se enfatizó que el Ejecutivo mantiene canales de diálogo abiertos de manera constante y no percibe la certeza de un paro general por parte de los principales sindicatos del país.
Esta declaración sugiere una postura optimista por parte del Gobierno en cuanto a la posibilidad de resolver posibles desacuerdos a través del diálogo continuo con los sindicatos.
Denuncia por extorsión y fraude
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno argentino ha presentado una denuncia por extorsión y fraude contra líderes de organizaciones sociales. La acusación involucra a 32 personas vinculadas a diferentes grupos convocantes de la marcha contra las políticas económicas del Gobierno. La denuncia se tramita en el juzgado federal N.º 7, a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal federal Gerardo Pollicita. La iniciativa surgió tras la habilitación de una línea telefónica para denunciar amenazas de dirigentes sociales a beneficiarios de planes de asistencia, quienes supuestamente fueron coaccionados para participar en la protesta bajo la amenaza de perder las ayudas si no lo hacían. La línea recibió 15,900 llamadas, 1,100 de las cuales se consideran casos de delito.
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