La poda de funcionarios y operadores políticos ligados al gobierno anterior ya comenzó a sentirse en reparticiones claves de la Región de Coquimbo. Lo que durante semanas se comentaba en voz baja al interior del oficialismo hoy comienza a tomar forma con salidas concretas en la Delegación Presidencial Regional, la Delegación Presidencial Provincial de Limarí y también en Choapa.
El proceso no ha estado exento de tensión. Si bien oficialmente varias desvinculaciones se explican como ajustes administrativos, término de contratos o reordenamientos internos, en el mundo político regional la lectura es más directa: el actual gobierno comenzó a remover a figuras que llegaron o se mantuvieron durante la administración de Gabriel Boric y que, pese al cambio de ciclo político, no dieron un paso al costado.
Uno de los focos principales está en la Delegación Presidencial Regional, ubicada en calle Prat, en La Serena. Allí ya se concretó la salida de Nicolás Lara, abogado vinculado al Frente Amplio, además de Alejandra Noemí, quien se desempeñaba a honorarios en el programa Gobierno en Terreno. A ellos se suma Silvia Fernández, profesional que provenía de un intercambio desde la Región de Atacama.
Estos movimientos son leídos como parte de una señal política mayor: ordenar la casa y reducir la presencia de cuadros asociados al gobierno anterior en espacios sensibles de la administración regional. Sin embargo, para sectores del oficialismo, las salidas todavía son insuficientes.
En la Delegación Presidencial Provincial de Limarí la situación es similar. El primer nombre que dejó la repartición fue Luciano Riveros, actual concejal de Punitaqui, quien ocupaba un cupo vinculado al Frente Amplio. A esa salida se sumó hace pocos días Mario Debía, identificado como un operador político vinculado al Partido Socialista, quien ejercía funciones en el área de finanzas. También habría salido un conductor auxiliar militante de un partido del gobierno anterior.
En la Delegación Presidencial Provincial de Choapa también se habrían producido salidas de profesionales considerados cercanos o adeptos al gobierno anterior. Aunque con menos exposición pública que en Limarí o La Serena, el ajuste también forma parte del mismo proceso de revisión de equipos instalados durante el ciclo político pasado.
El problema de fondo, según comentan fuentes del oficialismo regional, es que todavía quedarían militantes y operadores políticos incrustados no solo en delegaciones, sino también en distintos servicios públicos. Se trataría de personas que llegaron durante el gobierno de Boric, que mantendrían vínculos activos con partidos como el Frente Amplio, el Partido Comunista, el PPD, el Partido Socialista u otras colectividades del antiguo oficialismo, y que no renunciaron pese al cambio de administración.
La molestia apunta a que varios de estos perfiles no ocupan cargos meramente administrativos. Algunos se desempeñarían en secretarías, áreas profesionales, unidades territoriales, programas de despliegue ciudadano o puestos de apoyo estratégico. Es decir, espacios desde donde se manejan agendas, se coordinan reuniones, se canaliza información, se vincula al Gobierno con municipios y dirigentes, y se sostiene parte importante de la operación cotidiana del aparato público.
Las salidas de Nicolás Lara, Alejandra Noemí, Silvia Fernández, Mario Debía y otros funcionarios no son vistas como hechos aislados, sino como el inicio de una poda mayor. La presión interna apunta ahora a extender la revisión a otros servicios públicos donde, aseguran, todavía permanecen militantes del gobierno anterior en cargos profesionales, territoriales y administrativos de alta incidencia.
About the Author
