Tras cuestionar los antecedentes publicados anteriormente, Mauricio Castillo, jefe del Departamento de Salud de Punitaqui, entregó su versión respecto de las distintas situaciones difundidas, señalando que algunos de los hechos descritos corresponden a denuncias o declaraciones que no necesariamente han sido acreditadas judicial o administrativamente.
Se han difundido diversas notas periodísticas relacionadas con distintos hechos vinculados al Departamento de Salud de Punitaqui, en las cuales se hace referencia a Castillo y a otros funcionarios de la institución.
En una primera publicación se recogieron testimonios de fuentes cuya identidad se mantiene bajo reserva. En dicha nota se hizo referencia a un hecho ocurrido el miércoles 22 de julio de 2026, cuando un funcionario municipal habría constatado que terceros habían untado y esparcido deliberadamente material fecal, aparentemente de origen humano, en el compartimiento de la manilla de la puerta del conductor de su vehículo. De acuerdo con los antecedentes entregados al medio, Castillo y su secretaria figuraban como denunciados por este hecho.
En un escrito presentado por la Municipalidad ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Ovalle, la representación jurídica del municipio sostuvo que lo encontrado correspondía a barro acumulado producto de las condiciones climáticas registradas en la comuna y señaló que no existiría prueba ni peritaje que permitiera confirmar que se trataba de fecas humanas.
Castillo también cuestionó que una eventual revisión de registros de cámaras permita establecer su participación en el hecho. Según los antecedentes entregados, el acceso al Departamento de Salud se realiza por el sector de estacionamientos, por lo que el tránsito de personas por ese lugar no permitiría, por sí solo, atribuir la comisión de una conducta determinada. El escrito municipal agrega que los dispositivos de seguridad señalados estaban destinados al Laboratorio Clínico y no a la vía pública o al sector de estacionamientos.
Demanda de tutela laboral
Posteriormente, se publicó el testimonio de Elizabeth Lagos, quien en 2023 presentó una demanda de tutela laboral en contra de la Municipalidad de Punitaqui, representada legalmente en ese entonces por el exalcalde Carlos Araya.
En dicha acción se hicieron referencias a situaciones relacionadas con Castillo, particularmente respecto de hechos ocurridos durante el período en que se desempeñó como administrador municipal y posteriormente como jefe del Departamento de Salud.
Castillo reconoce que Lagos interpuso una demanda y que obtuvo una sentencia favorable en determinados aspectos, pero plantea que ello no significa que todas las afirmaciones efectuadas por ella respecto de su persona hayan sido acogidas o establecidas judicialmente.
En ese sentido, sostiene que las afirmaciones efectuadas respecto de su persona fueron desestimadas y que no constituyeron los fundamentos que determinaron el acogimiento de la acción.
Respecto del permiso Extra-PAC mencionado en los antecedentes, Castillo precisó que el procedimiento establecido no contempla al jefe del Departamento de Salud como autoridad facultada para rechazar unilateralmente dicha solicitud.
Según explicó, en el procedimiento interviene el organismo de capacitación (CBC) y la jefatura directa, que en este caso correspondía a la directora del CESFAM. Agregó que, cuando corresponde una apelación, la decisión recae en la autoridad competente, es decir, el alcalde.
Nuevas denuncias durante 2025
Una publicación más reciente hizo referencia a una eventual suspensión de Castillo, situación que, según los antecedentes entregados al medio, estaría vinculada a nuevas denuncias administrativas ingresadas a partir de 2025 en el marco de la Ley Karin.
Mauricio Castillo confirmó la existencia de denuncias administrativas de las cuales ha tomado conocimiento, pero hizo hincapié en que una denuncia no constituye por sí misma un hecho acreditado ni determina responsabilidad administrativa.
En este contexto, señaló que existe además un sumario administrativo cuya instrucción fue solicitada por él mismo, con el objetivo de que los hechos denunciados fueran investigados formalmente.
Según los documentos proporcionados, fue ordenada mediante decreto alcaldicio N.º 1.150, de fecha 8 de agosto de 2025, y cuyo informe investigador concluyó que existían dos versiones contrapuestas de los hechos. En el documento se consigna además que el investigador consideró que no existían pruebas concretas que permitieran acreditar la amenaza denunciada.
Finalmente, Castillo señaló que, desde su experiencia profesional, durante su gestión ha procurado actuar dentro de las facultades que le corresponden, teniendo como objetivo el adecuado funcionamiento de la institución y la correcta prestación de los servicios a la comunidad.
Asimismo, planteó que, en una organización compuesta por aproximadamente 155 funcionarios, es natural que puedan existir diferencias, especialmente en contextos donde se implementan procesos de reorganización, reestructuración, redistribución de funciones o cambios en los lugares de trabajo.
En ese sentido, reconoció que algunas de estas decisiones pueden no ser compartidas o ser percibidas de manera distinta por quienes se ven afectados por ellas. Sin embargo, sostuvo que, desde su perspectiva, las decisiones adoptadas durante su gestión han respondido a criterios laborales y administrativos y no a situaciones de carácter personal.
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