Por Gonzalo Arceu Benavente
Cuando se habla de seguridad pública, la primera respuesta suele ser mirar hacia Carabineros, la Policía de Investigaciones o el Ministerio Público. Es comprensible: son instituciones esenciales para prevenir, investigar y perseguir el delito. Sin embargo, la complejidad que ha adquirido la inseguridad obliga a ampliar esa mirada. Hoy ningún organismo, por sí solo, tiene la capacidad de responder a todos los fenómenos que afectan la tranquilidad de nuestros barrios y ciudades.
El crimen organizado, el comercio ilegal, las incivilidades, la recuperación de espacios públicos, la violencia en determinados sectores o la sensación de abandono que expresan muchas comunidades requieren respuestas distintas, pero coordinadas. La seguridad ya no puede entenderse exclusivamente como una tarea policial; debe asumirse como una responsabilidad compartida, donde el Estado mantiene su obligación principal, pero necesita sumar a municipios, servicios públicos, sector privado y ciudadanía.
Los municipios han avanzado mucho en esa dirección. Durante los últimos años dejaron de ser actores secundarios para transformarse en una pieza relevante de la prevención. Las direcciones de Seguridad Municipal reciben diariamente requerimientos vecinales, realizan patrullajes preventivos, apoyan fiscalizaciones, monitorean cámaras, colaboran en la recuperación de espacios públicos y conocen, muchas veces antes que cualquier otra institución, dónde se están generando nuevos problemas.
Eso no significa reemplazar a las policías ni confundir atribuciones. Por el contrario, significa utilizar mejor las capacidades disponibles y definir con claridad qué puede aportar cada institución. La nueva legislación en materia de seguridad municipal representa una oportunidad precisamente para ordenar ese trabajo y profesionalizar una función que durante mucho tiempo creció más rápido que su regulación.
Haber participado durante 2026 en el proceso regional de elaboración del reglamento asociado a esta nueva normativa me permitió reafirmar una convicción: una ley puede entregar mejores herramientas, pero ninguna norma será suficiente si no existe coordinación real, capacitación, recursos y una estrategia detrás. La seguridad no mejora únicamente porque tengamos más vehículos, más cámaras o más personal en las calles. Esos recursos deben responder a información, prioridades y objetivos concretos.
Por eso considero necesario avanzar también hacia una mayor capacidad regional de análisis e inteligencia para la prevención del delito. La información existe, pero muchas veces está dispersa entre diferentes instituciones. Cada municipio conoce una parte del problema; las policías manejan otra; los servicios públicos disponen de sus propios antecedentes. El desafío es lograr que esas piezas conversen entre sí.
Una instancia regional de análisis permitiría detectar patrones, anticipar fenómenos, identificar sectores críticos y focalizar de mejor manera los recursos disponibles. No se trata de crear burocracia adicional, sino de tomar decisiones con información oportuna. La seguridad moderna debe ser capaz de anticiparse y no limitarse a reaccionar cuando el delito ya ocurrió.
Pero la corresponsabilidad tampoco puede terminar en las instituciones públicas.
El sector privado debe asumir que forma parte del territorio en el que desarrolla sus actividades. Empresas de transporte, aplicaciones de reparto, centros comerciales, constructoras, inmobiliarias y otros actores pueden aportar mucho más de lo que actualmente hacen. Pensemos, por ejemplo, en quienes trabajan diariamente realizando repartos: ¿existen mecanismos suficientes para conocer quién está prestando ese servicio, qué vehículo utiliza o si cumple las condiciones mínimas exigibles? Son preguntas que debemos hacernos sin estigmatizar a nadie, pero entendiendo que la prevención también requiere trazabilidad y responsabilidad.
Algo similar ocurre con los proyectos inmobiliarios. No basta con preocuparse por la seguridad puertas adentro de un condominio. Una nueva urbanización modifica el entorno, aumenta desplazamientos y genera nuevas necesidades de iluminación, conectividad, vigilancia y organización comunitaria. Incorporar criterios de prevención desde el diseño de los espacios es mucho más eficiente que intentar solucionar posteriormente problemas que pudieron anticiparse.
Y en esta discusión hay otro actor que jamás puede quedar fuera: los vecinos. La seguridad se construye también recuperando plazas, fortaleciendo organizaciones comunitarias, mejorando iluminación, utilizando adecuadamente la tecnología y generando canales efectivos para que la ciudadanía pueda informar lo que ocurre en su entorno. Un barrio organizado y conectado con sus instituciones tiene mejores herramientas para enfrentar situaciones de inseguridad que uno donde cada persona intenta resolver el problema individualmente.
Después de años trabajando directamente en seguridad municipal, estoy convencido de que una de las claves está precisamente en esa capacidad de articulación. La seguridad ciudadana funciona mejor cuando dejamos de competir por quién tiene la responsabilidad y comenzamos a preguntarnos qué puede aportar cada uno para solucionar el problema.
Ir más allá de la labor policial no significa quitar responsabilidad al Estado ni trasladársela a los ciudadanos. Tampoco significa disminuir el rol fundamental de Carabineros o la PDI. Significa comprender que, frente a fenómenos cada vez más complejos, necesitamos un sistema donde las policías puedan concentrarse en aquello que les corresponde y donde el resto de las instituciones asuma también su parte.
Hoy tenemos una oportunidad para avanzar hacia un modelo más profesional, preventivo y coordinado. Pero para lograrlo debemos abandonar la idea de que la seguridad comienza y termina cuando llega una patrulla.
La seguridad comienza mucho antes: en la prevención, en la información, en el diseño de nuestros barrios, en la coordinación institucional y en la capacidad de una comunidad para trabajar junta. Las policías son indispensables, pero la seguridad es una tarea de todos.
Gonzalo Arceu Benavente
Exdirector de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Serena (2017-2025). Licenciado en Ciencias Militares y diplomado en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Durante 2026 participó a nivel regional en el proceso de elaboración del reglamento asociado a la nueva Ley de Seguridad Municipal.
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