La gestión de Karen Irribarra enfrenta un complejo escenario político. A las versiones de maltrato laboral que habrían rodeado la salida de su jefe de gabinete, Ignacio Tobar, se suman antecedentes sobre contrataciones directas y modificaciones de grados funcionarios. Uno de los casos que genera mayores interrogantes es el eventual ascenso de grado de un militante comunista en pleno Gobierno de José Antonio Kast.
Un nuevo foco de controversia se abre en torno a la gestión de la seremi de Salud de la Región de Coquimbo, Karen Irribarra. Esta vez, los cuestionamientos no solo apuntan al clima laboral dentro de la repartición, sino también a decisiones relacionadas con contrataciones y modificaciones de grados que estarían generando molestia en sectores políticos del oficialismo.
La situación se produce en medio de versiones sobre un quiebre entre la autoridad sanitaria y quien fuera su jefe de gabinete, Ignacio Tobar, militante de Renovación Nacional. Según antecedentes que circulan en círculos políticos regionales, el excolaborador habría manifestado haber sido víctima de malos tratos laborales por parte de la seremi, situación que habría deteriorado la relación entre ambos.
Aunque hasta ahora no se ha acreditado públicamente una denuncia formal por estos hechos, el episodio habría contribuido a aumentar las tensiones en torno a la conducción de la repartición.
Contrataciones que generan dudas
Pero el conflicto no terminaría allí. Una minuta de antecedentes a la que tuvo acceso La Región Estrella da cuenta de una serie de nombramientos y cambios de grado que estarían siendo cuestionados por sectores del oficialismo.
El documento identifica cinco casos que requieren ser contrastados con los respectivos actos administrativos.
Entre ellos figura Nilo Lucero, quien habría sido nombrado en la presidencia de la COMPIN mediante una contratación directa en grado 5. También se menciona a Ricardo Redel, identificado como jefe del Departamento de Administración y Finanzas, quien habría ingresado bajo una modalidad similar y en el mismo grado.
A estos antecedentes se suma el caso de Haylyn Sarria, quien habría accedido a una vacante institucional de grado 5, una decisión que, de acuerdo con la minuta, se habría adoptado sin consultas a los partidos políticos del oficialismo.
Otro de los nombres mencionados es María José Oyarzún, vinculada al Programa de Sexualidad y Reproducción durante la administración del expresidente Gabriel Boric, quien habría sido contratada directamente en grado 12.
Los cuestionamientos apuntarían principalmente a los criterios utilizados para estas designaciones, las condiciones de ingreso y la eventual ausencia de coordinación política con las colectividades que respaldan al Ejecutivo.
El caso de un militante comunista
Sin embargo, uno de los antecedentes políticamente más sensibles es el relacionado con Gustavo Paredes, identificado en la minuta como militante del Partido Comunista.
Según el documento, el funcionario habría pasado del grado 16 al 14, lo que representaría un mejoramiento en su posición dentro de la escala administrativa y eventualmente en sus remuneraciones.
La situación genera interrogantes por el contexto político en que se habría producido. Mientras existirían reparos dentro de sectores oficialistas por las decisiones de personal adoptadas en la Seremi de Salud, un funcionario vinculado a un partido de oposición habría obtenido un mejoramiento de grado durante la actual administración.
El cuestionamiento apunta a conocer cuáles fueron los fundamentos técnicos y administrativos de la eventual modificación, quién la autorizó y si obedeció a criterios objetivos.
Cabe precisar que tanto la militancia política como un mejoramiento de grado no constituyen por sí mismos una irregularidad. Para establecer la legalidad y pertinencia de estas decisiones resulta necesario revisar las resoluciones y los antecedentes administrativos correspondientes.
Malestar en el oficialismo
El escenario adquiere una dimensión política mayor debido a las diferencias que, según los antecedentes recopilados, existirían respecto de la forma en que se han administrado determinados cargos dentro de la autoridad sanitaria.
A las versiones sobre un ambiente laboral conflictivo se suman cuestionamientos por nombramientos de personas que no necesariamente representarían a las colectividades oficialistas, decisiones que estarían provocando incomodidad entre dirigentes políticos regionales.
El asunto plantea interrogantes sobre el nivel de coordinación de la seremi con los partidos que respaldan al Gobierno y sobre los criterios utilizados para conformar su equipo de trabajo.
Por ahora, los antecedentes conocidos no permiten establecer irregularidades administrativas ni responsabilidades personales. No obstante, abren preguntas que la autoridad sanitaria deberá aclarar respecto de las contrataciones, los eventuales cambios de grado y el clima laboral en su repartición.
En momentos en que la continuidad de distintas autoridades regionales comienza a ser objeto de evaluaciones políticas, la gestión de Karen Irribarra suma así nuevos antecedentes que podrían instalarla en el centro de las discusiones del oficialismo en la Región de Coquimbo.
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