La permanencia del seremi del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá, Cristian Cabezas Mundaca, quedó en entredicho tras una seguidilla de cuestionamientos que en pocos meses derivaron en denuncias por presuntas faltas a la probidad en Contraloría y por maltrato laboral al interior de su repartición, hoy en investigación administrativa. En el mundo gremial y en medios regionales hace semanas se da por segura su salida, aunque la autoridad aún no ha sido removida del cargo.
Cabezas, profesor de Castellano, ex candidato a gobernador regional y a diputado por el entonces Partido Social Cristiano -hoy Partido Cristiano de Chile- y vinculado al movimiento evangélico Águilas de Jesús, fue designado seremi del Trabajo de Tarapacá en marzo de 2026. Llegó al cargo sin experiencia conocida en administración laboral, y desde su nombramiento distintos medios de comunicación regionales cuestionaron su idoneidad para dirigir la cartera.
En cerca de dos meses de gestión comenzaron a acumularse hechos que hoy son objeto de investigaciones de parte de la Contraloría General de la República: el uso de redes sociales institucionales de la Seremi para contenidos ajenos a la función pública, incluida la publicación de fotografías familiares en cuentas oficiales, la realización de actividades religiosas en dependencias públicas, entre ellas un desayuno con pastoras evangélicas por el día de la Madre, el cual habría terminado con un culto religioso, la promoción de un libro de su autoría en actos donde participó como autoridad y la difusión de actividades privadas sin relación evidente con la misión institucional, todos hechos públicos en las redes sociales de la Seremi el Trabajo.
El caso de mayor gravedad son dos denuncias por presunto maltrato y acoso laboral, presentadas por funcionarias de la Seremi del Trabajo y tramitadas bajo la Ley Karin (Ley N.º 21.643). De acuerdo a lo informado por Radio Paulina, la Delegación Presidencial Regional y la Subsecretaría del Trabajo confirmaron en junio de 2026 la existencia de ambas denuncias y la instrucción de un sumario administrativo. Tras una licencia médica, Cabezas retomó sus funciones sin que se informaran medidas disciplinarias ni una suspensión preventiva.
A ello se suma una denuncia ante la Contraloría General de la República (ID 331204/2026), que solicita investigar si el seremi utilizó su cargo, dependencias o recursos públicos para la difusión de un libro de su autoría, y que recoge además los cuestionamientos por la realización de actividades religiosas al interior de la oficina regional. En conjunto, las presentaciones configuran denuncias por eventual uso de recursos públicos con fines personales o de imagen, todas en calidad de presuntas y sujetas a investigación.
Presión gremial
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Tarapacá, presidida por Patricio Llerena, exigió mediante comunicados públicos —el 6 y el 21 de julio— que Cabezas fuera apartado temporalmente del cargo mientras duren las investigaciones. El gremio rechazó el presunto maltrato laboral y el eventual uso irregular de recursos públicos atribuidos al seremi, y pidió protección para las denunciantes y un pronunciamiento del Gobierno. Llerena reconoció la necesidad de respetar el debido proceso, pero sostuvo que la permanencia de la autoridad profundiza el daño institucional.
La demanda escaló el 21 de julio, cuando, durante la primera sesión de la Mesa Regional por el Empleo, Llerena interpeló directamente a la delegada presidencial Adriana Tapia para pedir la salida del seremi. Consultada en la conferencia de prensa sobre el emplazamiento, la delegada evitó pronunciarse y remarcó, que “se están realizando las investigaciones correspondientes”, y que la prioridad de la instancia era el empleo de la región. Tapia agregó que la mesa busca coordinar al Gobierno Regional, municipios, servicios públicos y distintos sectores para abordar la situación laboral de Tarapacá.
En el ambiente político de la región de Tarapacá se percibe la incomodidad por la presencia de Cabezas en la cartera de Trabajo. Mientras la delegada respondía los cuestionamientos de la prensa, el secretario regional ministerial de trabajo, abandonaba raudamente el edificio de la mutual de seguridad, dejando expuesta a la delegada Adriana Tapia.
¿Blindaje institucional?
Horas después de la mesa, el conflicto sumó un nuevo y desconocido actor. Alrededor de las 15 horas del pasado martes 21 de julio, desde la cuenta de Instagram @prevencionchile, de propiedad aparente de Rodrigo Bello y que lo presentaba como director regional del ISL de Tarapacá, se intervino en una publicación sobre el caso en la cuenta de Radio Paulina. El texto acusó a la ANEF de realizar proselitismo político y se afirmó la existencia de una denuncia por presunto maltrato contra el dirigente Llerena, atribuyendo la acción gremial a supuestos vínculos personales y políticos. Posteriormente, los comentarios y la cuenta fueron eliminados.
La publicación dejó abiertas dudas sobre el origen de la información, su eventual carácter reservado y si las declaraciones fueron emitidas a título personal o institucional. La intervención incorporó además antecedentes personales y familiares de una de las denunciantes, incluida el uso político de una relación de amistad de menores de edad. “hubiera actuado igual la anef si una de las denunciantes no tuviera relación de amistad con el presidente de la anef y que además sus hijos están en el mismo colegio y ‘quie además son del.misminsecrpr político? Sigo?’. Lo complejo del caso es que el ISL dictamina la calificación de enfermedad profesional para las denunciantes y una posible conducta de exposición o amedrentamiento y uso de información reservada de parte de Bello.
Según consigna Radio Paulina de Iquique, el director regional del ISL Tarapacá, declaró que él puede tener su “opinión personal”… “Como le digo, no creo que corresponda, no lo voy a hacer, no voy a decir ni nada ni en favor ni en contra, yo puedo tener mi opinión personal (…) la verdad, no me voy a referir al tema, no creo que valga la pena. Si yo tengo que conversar con alguien, tengo que conversar con las personas que corresponda, pero no por un tercero ni menos por la prensa”, dijo el ingeniero en prevención de riesgos asumido en su cargo en junio de 2026.
Según datos recopilados, la continuidad de Cabezas en el cargo pese a la acumulación de denuncias, cuestionamientos ciudadanos y una fuerte presión de los medios de comunicación regionales, se explicaría por respaldos provenientes tanto del nivel central del Partido Cristiano de Chile como de figuras del movimiento Águilas de Jesús radicadas en la Región del Biobío, donde son liderados por el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, y la diputada Francesca Muñoz, ambos vinculados al mismo movimiento.
En tanto el sumario administrativo por las denuncias de la Ley Karin sigue su tramitación en la Subsecretaría del Trabajo, mientras las denuncias ante la Contraloría quedan a la espera de un pronunciamiento del organismo. En el plano político, la decisión sobre una eventual salida o separación preventiva del seremi debería recaer en la Delegación Presidencial Regional y en el nivel central del Ministerio del Trabajo.
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